Incapacidad total y perdida de licencia profesional

Incapacidad total y perdida de licencia profesional

Revocación de la licencia administrativa para para ejercer una profesión ¿Conlleva automáticamente la declaración de Incapacidad Permanente?

El Tribunal Supremo declara que la pérdida o revocación administrativa del permiso o licencia habilitante de la profesión de conductor de taxi por dolencias físicas no conlleva el reconocimiento automático de la situación de IPT para la profesión habitual. La competencia para determinar si esas dolencias le incapacitan para todas o las fundamentales tareas de su profesión habitual de taxista propietaria le corresponde en exclusiva al INSS.

Esta reflexión a priori parece del todo injusta ya que cualquier persona podría pensar que si un taxista pierde su licencia por no superar las pruebas médicas necesarias, directamente tendría derecho al cobro de una pensión por no poder desarrollar a cabo su profesión habitual. Sin embargo lo que entiende el Tribunal Superior de Justicia en la sentencia que os comentamos a continuación es que se debe tener en cuenta dicha pérdida de licencia como un dato más a valorar pero no como un hecho determinante por sí mismo. El ejemplo extremo que apoyaría dicha reflexión del TSJ sería el caso de una persona que forzara a propósito la inaptidud (por ejemplo en las pruebas de la vista, oído o reflejos) en el reconocimiento médico que necesariamente tenemos que pasar todos los conductores para renovar nuestras licencias de conducción.

Competencia del INSS para declarar una IPT

TS unif doctrina 28-9-17, EDJ 21597

La trabajadora taxista por cuenta propia ve revocado su permiso municipal de conductora de auto taxi tras la presentación de un certificado médico oficial en el que describe una serie dolencias padecidas, al no cumplirse los requisitos establecidos en la Ordenanza Reguladora del Taxi. Asimismo, también se le deniega la renovación del permiso de conducción profesional.

La trabajadora solicita al INSS el reconocimiento de la situación de incapacidad permanente total (IPT) derivada de enfermedad común en base a las dolencias físicas y psíquicas padecidas, que es denegada. Interpone demanda de Seguridad Social, que es desestimada en la instancia, interponiendo recurso de suplicación. El TSJ entiende que si administrativamente ya no puede desarrollarse una profesión (porque así lo determina la autoridad sectorialmente competente) necesariamente debe reconocerse la existencia de una IPT. Por el contrario, el INSS considera que los informes médicos que han determinado la anulación o revocación de los permisos no imponen concesión de la IPT, sino que constituyen un dato más a valorar por los órganos competentes, (administrativos y judiciales). El TSJ estima el recurso y el INSS interpone recurso de casación para la unificación de doctrina.

La cuestión a debatir consiste en la denegación de un permiso o licencia habilitante para el desempeño de la misma (en este caso de conducción) conllevan automáticamente la declaración de la incapacidad del afectado para el ejercicio de determinadas profesiones.

EL TS recuerda que la competencia para evaluar, calificar y revisar la incapacidad y reconocer el derecho a las prestaciones económicas contributivas de la Seguridad Social por incapacidad permanente, en sus distintos grados, así como determinar las contingencias causantes de la misma corresponde en exclusiva al INSS. Asimismo señala que, como sucede en el supuesto enjuiciado, quienes desean desarrollar determinadas tareas profesionales precisan de unos títulos, permisos o licencias sin cuya posesión resulta legalmente imposible hacerlo.
No obstante, considera que la resolución del INSS no es un acto determinado por el que pueda emitir el órgano sectorial que conoce sobre las licencias para conducir vehículos. Considera que la denegación de la licencia es un dato más que debe ser ponderado, al igual que el resto de los que consten en el expediente tramitado. Concederle un valor determinante supone contradecir lo dispuesto por la LGSS y trasladar a un tercero la facultad de decidir sobre la existencia de una IPT.
Por ello, concluye que la pérdida o revocación administrativa del permiso o licencia habilitante de la profesión de conductor no conlleva el reconocimiento automático de la situación de IPT de la trabajadora, cuya demanda había sido desestimada por la sentencia del Juzgado de lo Social que entendió que no se ha acreditado que las dolencias que presenta la actora le incapaciten para todas o las fundamentales tareas de su profesión habitual de taxista propietaria.

Por ello, estima el recurso de casación para la unificación de doctrina, y casa y anula la sentencia dictada en suplicación, confirmando la sentencia del TSJ.

Incapacidad Permanente